El pasado sábado, el EPPK emitió un comunicado en el que asumía «toda responsabilidad sobre las consecuencias« de sus acciones, así como reconocía el «sufrimiento y daño multilateral generados» y, más importante, aceptaba la legislación penitenciaria española como marco para el traslado de sus presos a Euskal Herria a nivel individual. Teniendo en cuenta que ETA son sus reclusos (tanto desde el punto de vista histórico como simbólico) ésta es una muy esperada noticia.
Sin embargo, ¿dice el comunicado todo lo que tiene que decir? ¿Es más importante lo que callan sus líneas? Muchos critican que el colectivo de 527 presos no haya exigido la disolución sin paños calientes de ETA. Paso necesario pero no suficiente, arguyen. En mi opinión, la petición expresa de disolución no vendrá hasta que no se haya tanteado completamente la actitud del gobierno central. La posición del Ejecutivo de Rajoy parece impasible, pero es evidente que tarde o temprano deberá hacer algo.
Ya lo decíamos al hablar del desarme, la etapa realmente decisiva en el fin de ETA: despojar de sus armas a una organización armada es despojarle de todo atributo. Es convertirlo en un cascarón más vacío de lo que de hecho ya tenemos. Del mismo modo, afrontar el fin de la dispersión de los presos de ETA sería un excelente precipitador de acontecimientos. El Gobierno lo sabe perfectamente. Por qué no actúa en consecuencia es otra historia.
Pero hay más: puede que desde el colectivo todavía no se ha decidido nada sobre la disolución de ETA porque, simplemente, el proceso de reflexión no ha terminado aún. Es algo que suele llevar tiempo. También puede ser que ETA se niegue a disolverse hoy, esperando tener una exigua capacidad colectiva de negociación sobre cualquier cosa. En cualquier caso, no se disolverá mientras siga en posesión de su arsenal.
Además, aunque muchos se empeñen en decir lo contrario, el colectivo de presos es más o menos plural, y esta pluralidad se irá acentuando a medida que nuevos pasos se vayan dando y el final de ETA se acerque. Ya han dicho que apuestan por la reinserción individual: por tanto, cada recluso debería examinar críticamente su historia en ETA. Su forma de afiliación, su actividad dentro de la banda, su ideología política, su ser preso, incluyendo el compromiso del cumplimiento de penas y la colaboración con la justicia en todos aquellos crímenes sin resolver.
Ya no hay ETA, ya no hay coerción, así que es un paso totalmente posible para todos los presos. Los costes de distanciarse de la banda en público ya no son tan altos como hasta hace unos meses. Eso sí, el proceso requiere un cambio tremendo de actitudes y prácticas que desemboque en la reflexión sobre la utilidad de tantas décadas de violencia y dolor, así como su posterior rechazo. Ése sería el inicio de la disolución. No puede ser de otra manera.
Además, el contexto social obliga. El colectivo de presos ha reconocido la validez del Foro Social (que la semana pasada presentó su Comisión para el impulso del proceso de paz), y también se han presentado los resultados de dos encuestas en el País Vasco. En la primera, realizada por el Euskobarómetro, revela que el 40% de los encuestados apoya las medidas de reinserción de los presos de ETA. La segunda, elaborada por la Universidad de Deusto, recoge que el 36% defiende el cumplimiento íntegro de las penas en el lugar de residencia.
Si a esto sumamos la efectividad de las actuaciones policiales y judiciales en el debilitamiento de ETA y el hecho de que los contenidos políticos que ésta poseía falsariamente han sido finalmente transferidos a los partidos de la izquierda abertzale (donde debían estar), tenemos un esquema que, aunque parece estancado, no hace más que dar pequeños e inéditos pasos. Habrá que esperar a la manifestación del 11 de enero para ver qué resonancia social tiene el comunicado de anteayer.
Imagen: Situación geográfica de los presos de ETA (El País / Etxerat)
© 2013 Álvaro Ramírez Calvo. Todos los derechos reservados.
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